No es país para autónomos

  Para mi dificultad, a lo largo de mi vida he tenido que combinar dos actividades paupérrimas y discontinuas: ser periodista y ser autónomo. En la primera he visto como los sueldos, o lo que se pagaba por colaboración o artículo, se tiraban por los suelos en cuestión de años, azuzados por la llegada de…

Rita Abundancia

 

Para mi dificultad, a lo largo de mi vida he tenido que combinar dos actividades paupérrimas y discontinuas: ser periodista y ser autónomo. En la primera he visto como los sueldos, o lo que se pagaba por colaboración o artículo, se tiraban por los suelos en cuestión de años, azuzados por la llegada de lo digital, donde las cantidades pasaron a ser ya irrisorias. ¡Cómo si escribir un buen artículo para la web requiriera de menos esfuerzo que hacerlo para el papel!

Todavía guardo facturas de mis primeras colaboraciones en revistas y, si por ejemplo, en el año 2.000 El Semanal me pagaba por un amplio reportaje sobre Camila Parker, cuando vivía en Londres, 90.000 pesetas; ó 60.000 por una entrevista a J.K. Rowling; el año pasado tuve que hacer cuatro reportajes para un especial (no diré el nombre de la revista) para ganarme 900 € (149.747 ptas de las de antes). Como ven, la diferencia es sustancial y, no digamos ya, el aumento del coste de la vida, 22 años más tarde.

Pero no vengo aquí a hablar de periodismo; la mejor profesión del mundo (según Gabriel García Márquez), hoy en día secuestrada, silenciada y prostituida; sino de lo que los cubanos llaman el cuentapropismo, o trabajo por cuenta propia, y de ese empeño legendario que los diferentes gobiernos españoles han mostrado, a lo largo de la historia, en hacerle la vida imposible a los autónomos. Así, el imaginario colectivo se ha forjado la idea de que el autónomo es un defraudador en potencia; pero también un masoquista, un fanático, alguien alejado de la realidad que se empeña en darse de cabezazos, una y otra vez, contra la misma piedra. Alguien que nunca se pone enfermo y, si lo hace, sigue trabajando desde la cama o el hospital. Un apestado al que los caseros evitan alquilar sus inmuebles y al que los funcionarios miran como a un enfermo crónico camino de convertirse en terminal.

Como autónoma y periodista he tenido peores y mejores épocas; pero, económicamente, nunca he hecho honor a mi apellido. En periodos de vacas flacas, los más frecuentes, recuerdo el sablazo de fin de mes en forma de cuota a pagar, que desbarataba toda mi economía. Porque, no nos engañemos, los pequeños autónomos no cotizamos por nuestros ingresos, pagamos una multa excesiva por el simple hecho de trabajar, que es muy distinto.

Nunca entendí como el estado me ponía tantas trabas a la hora de ejercer mi profesión, porque siempre he tenido la romántica idea de que la función de los gobiernos es crear sociedades justas donde la gente pueda vivir, ganarse la vida (legalmente) y, de paso, pagar los impuestos y los sueldos de los que se dedican a que todo esto fluya con facilidad. Pero si esto no fluye con facilidad, porque los que organizan no hacen bien su trabajo o no saben hacerlo, pues tampoco habrá dinero para pagar los impuestos ni los sueldos. Pero resulta que estaba equivocada, porque la cosa no funciona así.

En mis fantasías erótico-autónomas siempre aparecían los impuestos que pagaban los cuentapropistas en otros países. Y me imaginaba a mí misma teniendo cuotas asequibles, casi irrisorias, y dejando de estar con el agua al cuello. Un día hice cuentas y me llevaron los demonios porque resulta que si ganaba 1000 euros al mes, descontando la cuota de autónomo y el 15% de IRPF (294 +150=444) el recaudador me dejaba en bragas, casi con la mitad de lo que había ganado. Es cierto que al año siguiente Hacienda me devolvía dinero, pero esos argumentos no pagaban el aquí y ahora, las facturas ni el alquiler, que llegaban en incómodos plazos mensuales.

Las cuotas que los autónomos pagan en otros países europeos ponen a España como el destino que más castiga a los trabajadores por cuenta propia, con una gran diferencia. Si a día de hoy, la cuota mínima española es de 294 €/mes (lo que sería un 30% de los ingresos, para los que cobren 906,6 €); la contribución mínima en Francia es del 14% de los ingresos, en Italia del 23% y en Alemania del 14%. En Portugal los autónomos más pobres pagan solo 20 € al mes y en el Reino Unido 14 €.

De esto se deriva que ningún cuentapropista portugués, inglés o alemán dejará de pagar su cuota. Por muy mal que le vaya, nunca se pasará a la economía sumergida y el estado seguirá recibiendo su parte. Pero en España, 294 € para una persona que gana 900 es mucho dinero. Puede suponer el alquiler de una habitación, en un piso compartido, o la comida mensual de una familia, por lo que es más probable que el españolito que trata de ganarse la vida, con el estado en su contra, deje de pagar ese impuesto abrumador, aunque no le seduzca la idea. Así, él pasará a la ilegalidad y el estado dejará de recaudar. Un claro ejemplo de como la codicia y el desmedido afán recaudatorio no beneficia a nadie, como no sea a la economía sumergida, que engorda como un iceberg bajo el agua.

La tan cacareada propuesta del gobierno de modificación de tarifas para los autónomos es más de lo mismo. Para empezar, no entiendo porque su puesta en marcha requiere de nueve años cuando nuestras libertades y derechos fundamentales se han esquilmado en cuestión de meses, casi días, diría yo. La filosofía parece ser esta: bajar muy poco a los que ganan menos de 600 € (que pagarán, en el 2031, la nada despreciable suma de 184 €,) y subir muy mucho a los que ganan más. Los afortunados que ingresen hasta 4.000 €, y que hoy pagan 352 €, en nueve años deberán abonar 1.123 € al mes. Los ricos de verdad, los peces gordos, ya disponen de sus mecanismos financieros, sus fundaciones y sus paraísos fiscales no solo para pagar lo menos posible sino para que los gobiernos los subvencionen. Pero además, son tan generosos y filántropos que han dejado los impuestos para las clases medias y bajas.

Es predecible, pues, que en el futuro próximo los pobres sean más pobres o se pasen a la economía sumergida y la clase media emigre a otros países con una tributación más baja a pesar de que se les tache de insolidarios. Conozco a algunos que ya planean el salto al país vecino para algo más que para comprar toallas. Y de nuevo, la avaricia rompe el saco.

No sé qué asesores y expertos habrán aconsejado al gobierno tomar estas sabias y justas medidas. Seguramente, nunca habrán trabajado por cuenta propia y tienen la naíf idea de que un autónomo es un cirujano plástico, un dermatólogo con consulta propia, un dentista, un fontanero. Desconocerán que este selecto club lo integran también los periodistas; y no solo los freelances sino los que consumen su existencia en las redacciones, donde abundan los falsos autónomos. Está también el que tiene una furgoneta y hace portes porque lo han echado del trabajo, la persona que ha cumplido ya los 55 años y se inventa un curro porque sabe que ninguna empresa lo va a contratar y, deberían estar, las señoras de la limpieza, las empleadas de hogar y tantos otros trabajadores que viven a años luz de los contratos laborales.

Los ‘expertos’ que aconsejan de economía deberían tener en cuenta que ser autónomo no es algo que siempre se elige (es algo así como ser gay o trans) y, por lo tanto, la opción de “pues hazte funcionario” no vale. Un país con una tasa endémica de paro debería ayudar a los que se buscan las lentejas por su cuenta o, al menos, no ponerles un techo de cemento para evitar que crezcan y florezcan. El emprendimiento, la valentía y la flexibilidad deberían premiarse y no servir solo de discurso a los coaches de turno. Y los derechos de los trabajadores a sueldo deberían extenderse al colectivo de los autónomos, que tienen muy complicado eso de darse de baja por enfermedad. No hablemos ya de los requisitos para cobrar el paro de los autónomos (cese de actividad), que son más exigentes que los que tenían los ángeles de Victoria’s Secret y, la guinda del pastel llega con el hecho de que las ganancias de los cuentapropistas pueden ser embargadas sin límite en España. Cosa que no ocurre con los trabajadores en nómina, ya que cuentan con el privilegio de que el salario mínimo interprofesional sea inembargable, por el simple hecho de que es necesario para vivir.

Ahora que estamos instalados en el estado de la inclusión (excepto para los ‘insolidarios’ que no quieren pincharse, para los que toda tortura es poca) y el lenguaje inclusivo, incluyamos a esos locos, masoquistas autónomos en el siglo XXI y rescatémosles de esa sociedad feudal en la que viven, pagando elevados impuestos a sus señores feudales.

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